por Matías Montero

A través de la Resolución 7/2022, el Gobierno nacional oficializó la indemnización para aquellas personas que hayan sufrido algún “evento adverso” de la vacuna contra el Covid-19. La resolución fue firmada por autoridades del Ministerio de Salud y por el superintendente de Riesgos del Trabajo, Enrique Alberto Cossio y en su tramo principal especifica diversos pasos de verificación para evaluar qué tipo de daños generó la vacuna y si corresponde el pago, tras lo cual la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud “procederá al cálculo de la suma a pagar en concepto de indemnización”.

“La tramitación del reclamo indemnizatorio ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, prevista en el artículo 8° de la Ley N° 27.573, requerirá que el evento adverso haya sido previamente notificado a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) por el personal de salud que asista al presunto damnificado o la presunta damnificada, o que tome conocimiento del evento”, señala la resolución.

La norma sobre requisitos para acceder a una indemnización por «eventos adversos» a causa de la vacuna fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Conforme el dictado de esta resolución se puede observar como el Gobierno nacional demuestra no sólo que no realizó todos los exámenes previos al impacto de la vacuna en la población, sino que dos años después de haberse iniciado la pandemia advierte que comenzaron a surgir efectos adversos en personas vacunadas.

Si bien hasta el momento no se conoce con precisión qué cantidad de personas podrían haber sufrido algún efecto secundario o permanente generado por la vacuna contra el Covid-19 que comenzó a aplicarse a principios de 2021, pareciera que estaban en lo cierto aquellos que en su momento pusieron reparos a la vacunación al proclamar que el Estado no había probado al 100% la efectividad de esas aplicaciones.

Mediante esta resolución el Estado está reconociendo tácitamente que las vacunas aplicadas podrían producir efectos adversos, de ahí la voluntad indemnizatoria que expresa a modo de paliativo por el daño producido. Lo que una vez más pone en evidencia que la ausencia de controles, de testeos y cierta vocación por utilizar a la población para experimentar, termina, tardíamente, en la necesidad de reparar el daño que previamente debió prever.

“Si los daños provocados por la vacuna no causan incapacidad física total o permanente, la indemnización se debe valuar proporcionalmente sobre esa suma de acuerdo con el porcentaje de incapacidad que establezcan las comisiones médicas”, sostiene el ministerio en la mencionada resolución.

Asimismo, informan que el pago de la indemnización prescribe tres años después de los efectos que haya generado la vacuna.

Juez marplatense cuestiona la norma

«Esto pone en evidencia el engaño que se sostuvo todo el tiempo: si las vacunas eran tan buenas, ¿como es que ahora se prevé una indemnización por ‘efectos adversos’ de aquello que era tan bueno?», consideró el juez federal marplatense Alfredo López, a propósito de la norma dictada por el Ministerio de Salud.

Durante una entrevista en la plataforma Criterio Periodístico (por Twitch.tv/videos), realizada por la periodista Verónica Ressia, el juez López señaló también que «esta normativa es para cubrirse las espaldas» las autoridades nacionales, frente a las demandas que están apareciendo de personas vacunadas afectadas. Y que además «lo más grave de todo esto es que sería el propio afectado el que tiene que producir la prueba» para que sea tenida en cuenta por la autoridad de aplicación.

Es decir que «el propio Estado que primero le dijo a las personas que se vacunaran y por medios a veces coactivos, ahora todavía tiene la excusa de decirle a esas mismas personas ‘ah, pero usted se vacunó voluntariamente, porque no era obligatorio’; ese Estado es el que ahora le exige que aporte pruebas médicas y demás, para acreditar su afección», continuó razonando el magistrado.

Luego, el titular del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata interpretó que la norma entraña también «una trampa, porque la jurisprudencia sobre temas del consumidor, entre otros, ya ha dicho que la reparación del daño debe ser integral; es decir que no puede haber una norma que limite ese derecho».