La comisión de Transportes de la Cámara de Diputados emitió un dictamen de consenso para declarar en emergencia al sistema de transporte público automotor de pasajeros en el Interior del país hasta el 31 de diciembre, lo cual supondría un desembolso hasta esa fecha de 59.500 millones de pesos por parte del Tesoro. En disidencia, el diputado Florencio Randazzo, de Identidad Bonaerense, rechazó la propuesta con críticas al alcance de la emergencia y a la facultad delegada al Poder Ejecutivo.

También se acordó discutir una nueva ley que regule la distribución federal de subsidios, con el objetivo de eliminar las asimetrías entre lo que recibe el AMBA y el Interior. Este punto asoma como la clave de la discusión, que -más allá del consenso inicial- todavía está lejos de resolver el problema de fondo, que es la viabilidad del sistema de transporte de pasajeros fuera de la Capital Federal y el conurbano bonaerense.

La disputa por los subsidios al transporte de pasajeros del interior se encamina a derivar en un toma y daca de subsidios, sin resolver los problemas de fondo del sistema.

El acuerdo de mayoría en comisión se anunció a última hora del miércoles como respuesta a la presión ejercida desde hace varios días por empresarios del transporte de pasajeros de ciudades del interior del país, que comunicaron que desde la semana próxima interrumpirán los servicios entre las 22 y las 6 de la mañana, como resultado de un conflicto por la asignación de subsidios.

Efectivamente, en un comunicado difundido horas antes de la reunión de los diputados, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) alertó que “de persistir la situación actual las empresas prestadoras del servicio de transporte público urbanos y suburbanos del interior del país tendrán que suspender los servicios entre las 22 horas y las 6 de la mañana, y darle prioridad a los que funcionan en hora pico”.

Las empresas reclaman $70.000 millones en subsidios mientras que el Poder Ejecutivo asignó una partida de $38.000 millones, o sea 45% menos. Los diputados están proponiendo ahora ampliar ese monto hasta $59.500 millones, pero manteniendo en el Poder Ejecutivo la facultad de repartir el dinero como le parezca, a discreción.

“Los incumplimientos reiterados del Gobierno nacional, que de los $ 70.000 millones necesarios para dar cobertura mínima al presupuesto año 2022, el Estado Nacional por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 331/22 ha decidido asignar solo $ 38.000 millones, lo que representa un del 45% menos de lo solicitado y que está destinado a cubrir gastos básicos, como salarios y mantenimiento de las unidades”, argumentaron los directivos nucleados en la FATAP.

Probablemente Randazzo, quien durante sus años como ministro tuvo a cargo el sistema de transporte público, sepa muy bien que ese método de distribución discrecional de fondos públicos termina siendo inequitativo y conflictivo. Por lo demás, la escasez y las subas en el precio del gasoil añaden otro factor distorsionante a la rentabilidad del sistema.

Un reparto inequitativo

De acuerdo con datos de la propia Secretaría de Transporte de la Nación, en el AMBA se concentra el 84% de los subsidios totales al transporte de pasajeros (sin contar las ampliaciones presupuestarias con las que el Gobierno nacional suele «premiar» a la provincia gobernada por Axel Kicillof); mientras que a las provincias les queda apenas el 16% restante, pese a que allí reside 63% de la población total del país según el censo demográfico de 2010.

Con ese volumen de subsidios que reciben del Estado, las empresas de colectivos del área metropolitana pueden mantener baja la tarifa, abastecerse de gasoil (también subsidiado), pagar mejores salarios a los choferes y renovar con mayor frecuencia las unidades, aumentando sus márgenes de rentabilidad. Y a los gobiernos locales y provincial les sirve para mantener bajo el nivel de conflicto con los usuarios y con los choferes.

Traducido: la tarifa reducida que pagan los usuarios que se desplazan ida y vuelta entre el conurbano y la Capital está siendo subsidiada pero no por el Estado, sino por los pasajeros que en las ciudades del interior pagan tres o cuatro veces más caro el boleto.

Valga como ejemplo que hasta junio, la tarifa de arranque del AMBA es de 18 pesos (aunque se anunció una suba inminente del 40%), mientras que en las líneas de colectivos del interior está en un rango amplio que oscila entre 24 y 80 pesos, según el distrito.

Otro tema que sobrevolará las discusiones de la comisión tiene que ver con el traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las 32 líneas que circulan exclusivamente por su territorio, no así a las que tienen cabecera en las ciudades del conurbano. Se trata de otra jugada para sumar votos en desmedro de los adversarios políticos del oficialismo, para cuando el expediente llegue a debatirse en el recinto.

Tras el visto bueno de la comisión de Transporte, ahora el debate continuará en la comisión de Presupuesto y Hacienda.