Por Ulises Catriel Cuenca

Los vaivenes dentro de la Cámara de Diputados de la Nación entre y la oposición se reavivaron en las últimas semanas debido a los debates sobre la Boleta única electoral de papel (BUP) y -en menor medida- otro por los subsidios al transporte público, dos temas que más allá del interés público, a la vez sirven a los legisladores para buscar algún tipo de lucimiento y posicionarse con miras a 2023.

En principio está el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto sobre la iniciativa que impulsa la oposición para transparentar el sistema electoral con una boleta única que ya se utiliza en casi todo el mundo -e incluso en varias provincias argentinas para comicios locales-, en reemplazo de la boleta sábana tradicional. El oficialismo, en tanto, aprovechó las reuniones de comisión de este martes 24 para testimoniar en contra de ese proyecto con el argumento de que es “un tema que no está en la agenda de la gente”.

De acuerdo con el proyecto, el instrumento solamente se aplicaría para los cargos nacionales (esto es, diputados y senadores nacionales, Presidente y vicepresidente) y entraría en vigencia por primera vez en las elecciones del año que viene.

Las críticas del Frente de Todos (FdT) radican además en que el diseño gráfico de la misma solo permite mostrar los primeros nombres de las listas de diputados nacionales, por lo que el instrumento -según argumentan- sería «funcional al ocultamiento de candidatos que están cuestionados» ya sea por la Justicia o por la opinión pública. En esos términos por ejemplo se manifestó el director nacional electoral Marcos Schiavi, uno de los convocados para dar testimonio en la reunión plenaria de esta semana.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) también se posicionó en contra y sumó críticas. “El sistema de Boleta única tal como se propone tiene efectivamente una ventaja en cuanto a que esté la boleta, pero en las otras tres instancias ya empieza a ser mucho más complicado”, afirmó el dirigente Christian Castillo mientras mostraba un ejemplo de boleta única extensa que no permitía distinguir los candidatos.

El director nacional electoral Marcos Schiavi sembró dudas sobre la implementación del sistema de Boleta Única de Papel, durante su participación en el plenario de comisiones de la Cámara baja.

Juntos por el Cambio (JxC) primero unificó diferentes propuestas propias y aliadas, y ahora confía en que, si finalmente consiguen imponer en Diputados el proyecto del «modelo cordobés” (la BUP que ya se utiliza con éxito en Córdoba), estarían allanando el camino para sancionar la ley después en el Senado, puesto que saben que hay legisladores oficialistas como el jujeño Guillermo Snopek que avalan este cambio.

A él se sumarían el correntino Carlos Espínola, que también se mostró a favor de la BUP, y al entrerriano Edgardo Kueider, quien junto con el gobernador Gustavo Bordet impulsó una iniciativa de reforma electoral en 2018 en la provincia, que sorpresivamente -en ese entonces- fue rechazada por el macrismo local.

En Diútados, la suma de JxC más el Interbloque Federal y otros aliados provinciales parece asegurar la mayoría para una media sanción. Luego, en el Senado para sancionar la ley se necesitan 37 votos, de los cuales el bloque de JxC suma 33 bancas propias, llegaría a 35 con los apoyos de los peronistas disidentes Alejandra Vigo(esposa del gobernador cordobés Juan Schiaretti) y Alberto Weretilneck (de Juntos Somos Río Negro, habitual aliado del kirchnerismo pero con cintura para jugar con independencia).

De manera que conseguiría el objetivo si termina de convencer a los oficialistas Snopek y Espínola, y podría darle mayor volumen político a la ley si además se sumaran Kueider y hasta Aldolfo Rodríguez Saá, senador del FdT por San Luis, quien firmó en su momento un proyecto propio de boleta única.

“Está totalmente abierta la discusión. Hay que ver qué proyecto llega”, advirtió el senador por Entre Ríos, lanzando la moneda en el aire. Todo dependerá, entonces, del texto que salga de Diputados y entre a la Cámara alta. Y luego será el turno de Alberto Fernández, si en medio de la crisis interna en el Gobierno, se arriesga a votar la ley si se lo pide Cristina Fernández de Kirchner o si sostiene una reforma electoral para las próximas elecciones que tendría apoyo de provincias gobernadas por peronistas.

Por ahora quedó en segundo plano

Hubo pocos adelantos respecto de lo ya conocido sobre el tema de los subsidios para el transporte de pasajeros, que tanto preocupa a gobiernos, usuarios y empresas de micros del interior del país. Lo más significativo sin embargo sigue siendo el compromiso que están asumiento particularmente algunos gobernadores provinciales e intendentes.

Los mandatarios de 16 provincias firmaron una nota para presionar por un nuevo esquema de distribución de subsidios para el sostenimiento del transporte público de pasajeros, en medio de la disputa por los fondos federales que percibe el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para este servicio. Traducido: coinciden en que les quiten subsidios a las líneas con cabecera en la Capital Federal (y algunas del conurbano bonaerense) que así se verían obligadas a aumentar el precio del boleto equiparándolo con el que ya pagan los usuarios del interior.

El texto fue dado a conocer por los propios mandatarios, y lleva la rúbrica del tucumano Osvaldo Jaldo (quien reemplaza a Juan Manzur) y el bonaerense Axel Kicillof, así como de Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Uñac (San Juan), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Capitanich (Chaco), Oscar Herrera (Misiones) y Mariano Arcioni (Chubut).

El hecho de que Kicillof se haya sumado al reclamo de sus pares del interior supone que antes debe haberse asegurado que por algún mecanismo de compensación complementaria, la provincia de Buenos Aires recibirá fondos suficientes como para financiar los mayores costos de las empresas de colectivos, sin tener que cargarle el aumento de la tarifa a los pasajeros del conurbano.

En lo formal, plantearon los autores del comunicado: “Los abajo firmantes, gobernadores y gobernadoras, expresamos (nuestra) profunda preocupación por el transporte público de pasajeros que afecta a la totalidad de los trabajadores, no sólo del sector específico, sino a quienes usan ese medio de transporte para llegar a sus lugares de trabajo, a los educando y educadores, y en general a toda la sociedad argentina”.

El texto, que no expresa un destinatario específico, insta “al debate legislativo en el Congreso de la Nación sobre un nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias”. En esa línea, los gobernadores reclamaron que dicho esquema “tenga como principio la igualdad y equidad en todo el territorio de la República Argentina”.