Buenos Aires.- Las tarifas de distribución de gas y de electricidad van a aumentar «por debajo de la evolución de los salarios», prometió este martes el Gobierno nacional en el inicio de las audiencias públicas para definir porcentajes y modalidad que tendrán los precios de la energía, tanto para los hogares como para las empresas. La decisión que se tome hacia el final de la semana asoma como una clave para marcar un antes y un después en las desgastadas relaciones internas dentro de la coalición gobernante como para el humor de la sociedad en su conjunto.

La promesa fue vertida por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, la funcionaria de mayor rango que abrió la primera jornada de audiencias. «Esa decisión se funda en la necesidad de mejorar el poder adquisitivo luego de la pandemia. Y que las facturas de estos servicios públicos tengan un peso cada vez menor para las familias», sostuvo.

La subsecretaria Videla Oporto fue la encargada de abrir las audiencias públicas para definir los aumentos en luz y gas que se aplicarán desde el mes próximo.

Los aumentos en el gas y en la luz eléctrica deberán aplicarse a partir del 1 de junio y como paso previo a definir los nuevos valores deben escucharse las posiciones de los diferentes sectores involucrados: además del Gobierno, desfilarán organizaciones de consumidores, y productores y distribuidores de energía. En la audiencia de este martes se abordó el tratamiento de los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

La política energética sobresale como ninguna otra en medio de la interna que atraviesa al Frente de Todos gobernante. Por eso, a diferencia de otras audiencias esta vez no participaron el secretario de Energía Darío Martínez, ni el interventor del Enargas Federico Bernal, quien está al frente del ente regulador que debe implementar los nuevos cuadros tarifarios.

Esas ausencias tienen que ver justamente con que ambos funcionarios -además del subsecretario Federico Basualdo- reportan a la vicepresidente Cristina Kirchner antes que a su superior jerárquico, el ministro Martín Guzmán; y, como es de dominio público, la vicepresidente ordenó a los suyos que resistan la pretensión del ministro de aplicar aumentos mayores al 20% para recomponer los precios del gas y la luz hogareños.

Este martes solamente se habló del gas, luego será el turno de la energía eléctrica -el miércoles 11- y, el jueves 12, será la última audiencia con el controvertido tema de la segmentación tarifaria que se piensa aplicar para escalonar aumentos según el nivel de ingresos y la zona donde residan los propietarios.

Esto último, la propuesta de segmentación, presenta aristas sumamente complejas y que podrían derivar en una catarata de demandas judiciales y pedidos de amparo por parte de los usuarios que se sientan discriminados, según prevén especialistas y observadores técnicos.

Tarifa social sin más incrementos

En la presentación, la subsecretaria Videla Oporto recordó que los usuarios de los servicios públicos de distribución de gas con tarifa social no tendrán incrementos a partir de junio mientras que el resto de los usuarios tendrán una suba promedio de 20 por ciento. Si se toman los aumentos ya aplicados en marzo, el porcentaje de suba a partir de junio será de entre 18% y 20%, de acuerdo con las distintas zonas del país.

Este cálculo se basa en la pauta de aumentos acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde el aumento total en las facturas para usuarios con tarifa social debe ser equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) de 2021, lo que da un porcentaje de 21,3%. Como ya hubo aumentos en marzo que llegaron a ese porcentaje, los usuarios con tarifa social no deberían tener más subas en sus facturas durante lo que queda de 2022.

Esos valores son el tope aceptado por el sector cristinista del FdT, pero sólo regirían para los beneficiarios de la tarifa social -cuya mayor parte reside en el conurbano bonaerense- ya que para el resto de los usuarios la suba debería ser del 80% de la variación salarial del año pasado. Eso significa 42,7% para todo 2022, de manera que si se toman los aumentos ya aplicados en marzo, todavía tendrían que pagar alrededor de 20% más de aumento desde junio.

En la audiencia se anotaron para participar 39 oradores, entre legisladores, empresarios del sector y asociaciones de consumidores, que dispusieron de 5 minutos cada uno para exponer.

Guzmán y los subsidios

El principal tema de discusión interna en el Gobierno es por la baja de los subsidios a la energía para cumplir con las metas del acuerdo firmado con el FMI. En ese sentido, el ministro Guzmán defendió esta semana la baja de esos subsidios al argumentar que «en la Argentina el principal limitante para sostener el crecimiento económico es la restricción externa, la restricción de divisas, los dólares».

Y añadió, para congraciarse con la base electoral del FdT: «Hay cosas que ayudan a eso (el crecimiento), como la obra pública, la educación, la ciencia y la tecnología. Hay otras que no, como los subsidios energéticos no segmentados que favorecen a los ricos».

Este martes, la subsecretaria de Hidrocarburos recordó también que el Estado Nacional subsidia un 75,6% del costo total del gas natural para abastecer a la demanda, que implica un costo fiscal de US$ 3.064 millones. Con la quita que propone aplicar Economía, el mayor impacto recaerá sobre el 10% de usuarios con mayor poder adquisitivo que, al dejar de percibir subsidios, tendrán que afrontar subasde tarifas no menores al 80% y que podrían trepar hasta 200%.