Buenos Aires.- El Gobierno insistió en que avanzará con el proyecto de segmentación de los subsidios energéticos, bajo la premisa de favorecer a los sectores medios y a los más vulnerables, y compensar con una carga mayor del peso de aumentos en las facturas de gas y luz que van a recibir los de mayores recursos.

Esta cuestión fue el eje de la tercera y última audiencia pública que se desarrolló esta semana. Puntualmente, se esbozó un debate sobre la manera de segmentar la distribución de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado nacional a los usuarios del servicio de gas natural y de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023.

El secretario Martínez y el subsecretario Basualdo, que cuestionan la política de su propio gobierno en materia energética, agendaron otras actividades y no asistieron a ninguna de las audiencias.

La audiencia de este jueves fue presidida por el subsecretario de Planeamiento Estratégico de la Secretaría de Energía, Santiago López Osornio, en reemplazo del secretario del área Darío Martínez, quien que no participó personalmente en ninguna de las tres. Martínez, se sabe, junto con Federico Basualdo, otro subsecretario, están alineados detrás de las ideas que profesa la vicepresidente Cristina Kirchner, que rechaza el nivl de aumentos de luz y gas que impulsa el ministro Martín Guzmán.

En rigor, la forma de reducción de los subsidios energéticos se convirtió en el punto de mayor debate entre las tres partes involucradas, durante estas audiencias públicas convocadas para discutir un nuevo cuadro tarifario. Por un lado el Gobierno consideró que el actual esquema es «pro-ricos», mientras que los consumidores reclamaron detalles del proceso de segmentación que se quiere implementar y las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras alertaron sobre la necesidad de contar con un plazo de tiempo considerable para la calificación de los usuarios.

Al justificar la propuesta del oficialismo el subsecretario López Osornio recordó que «hoy el Estado cubre más del 75% del costo del gas y electricidad que se incluye en la factura» y como no se realizan distingos por la capacidad socioeconómica, salvo la implementación de la tarifa social, «el 50% de (la población de) mayores ingresos recibe el 60% de los subsidios a la energía eléctrica».

Respecto de cómo llevar adelante una reducción de los subsidios, señaló que «no se considera una buena opción» hacerlo según el nivel de consumo que reflejan los medidores hogareños; y con relación al criterio geográfico evaluó que «sólo es eficiente en zonas de alta densidad de población, como el AMBA», pero no para el resto del país. De ahí que, como tercera opción, López Osornio consideró que los criterios de ingresos y patrimonio «tienen mejor resultado con alcance nacional»: sobre esa premisa se basará entonces el esquema de segmentación de los subsidios.

Claro que, no son pocos los especialistas en materia energética y los economistas que han juzgado demasiado engorrosa -o direcamente inviable- la propuesta de segmentación, porque, además de las cuestiones meramente técnicas, temen que dejaría demasiado espacio a la discrecionalidad de los funcinarios encargados de fijar parámetros de «riqueza» que a su vez determinarán el nivel de subsidios que correspondería aplicar.

Sobre esas imprecisiones y dudas se apoyaron consumidores y empresas para criticar la propuesta oficial. Por caso, María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, enfatizó que «no se pueden tomar decisiones sobre un esquema en el que ustedes mismos tienen dudas» y consideró la segmentación como «un error» porque genera una división entre barrios ricos y pobres en forma de «ghetos». Por su parte, Mariana Grosso, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, cuestionó que «se pretenda instrumentar una segmentación con información insuficiente».

Las audiencias públicas para debatir el futuro cuadro tarifario concluyeron esta semana y ahora el Poder Ejecutivo deberá definir los aumentos y la metodología de aplicación.

Otra oradora fue la asesora jurídica de la Oficina de Información al Consumidor de Tandil (OMIC), María Paz Rigotti, quien señaló la necesidad de continuar avanzando conforme a la nueva Ley de Zona fría que beneficia a los usuarios de gas por redes del sudeste bonaerense con descuentos del 30% o del 50%, según el caso, y de gas envasado, que no están accediendo a ningún descuento en la compra del gas.

Rigotti reiteró la necesidad de ampliar los umbrales de consumo por categoría de usuarios, ya que habiendo obtenido el reconocimiento de la situación climática similar a la de ciudades de la Región Patagónica correspondería que los umbrales de consumo en Tandil (como también en General Pueyrredon, Mar Chiquita, Necochea y otras localidades de la costa atlántica) se ampliaran en semejanza con ciudades como Carmen de Patagones y Comodoro Rivadavia por ejemplo, lo que redundaría en el beneficio de pagar menos cargo fijo y más económico el valor del metro cúbico.

Consecuentemente con ello pidió ampliar los bloques de consumo de la Tarifa Social, ya que los fijados en la actualidad son exiguos para el consumo elevado que se requiere es esta zona bonaerense.

A su turno, el director de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), Daniel Martini, apuntó que la segmentación propuesta «implica modificaciones en los sistemas informáticos y de facturación», cuya puesta a punto no sólo tendrá «un costo significativo» sino que demandará «un plazo estimado de ocho semanas».

Martini apuntó a la dificultad de poder determinar la condición de cada usuario debido a la debilidad de la titularidad de las cuentas y en ese sentido reveló que se comunicó la necesidad de cambiar la titularidad de 3 millones de cuentas y sólo el 2,5% respondió al trámite.

Finalmente, el gerente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera), Claudio Bulacio, señaló que esas empresas no han participado del proceso de segmentación, pero se mostró a favor de destinar los subsidios «a los sectores vulnerables».   

El directivo consideró que el nuevo esquema debe ser el resultado de un «proceso gradual y previsible, tanto para usuarios como para empresas» y también reclamó «tarifas justas y razonables», ya que congelarlas «impacta en la calidad del servicio».