por Ulises Catriel Cuenca
El bloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) fue sensación en las redes sociales cuando lo acusaron de haber plagiado un proyecto presentado en la Legislatura porteña por Ramiro Marra de La Libertad Avanza. Los principales señalados fueron José Núñez, Gustavo Hein, Pablo Torello y Soher El Sukaira, del PRO, quienes propusieron fundar un “Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad”.
Según pudo enterarse InforMar, dicho proyecto trata de eliminar gradualmente los planes sociales ofreciéndoles a sus beneficiarios cursos de formación laboral a cambio de seguir recibiendo las prestaciones sociales por un máximo de 2 años. La misma solución había sido expuesta en su momento por el legislador Marra, que integra las filas de Javier Milei en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La iniciativa también incorpora una segunda línea de acción que comprende beneficios para las empresas que tomen primero como pasantes y luego como empleados efectivos a personas que estén registradas en el programa. De esta forma quedaba expuesto también un punto que subrayó el diputado José Luis Espert de Avanza Libertad, cuando propuso “transformar los planes sociales en empleo genuino”, a través de un puente de inclusión laboral que propicie el Estado.
No obstante, el proyecto de ley aclara que una vez transcurridos 24 meses, el plan social dejará de tener vigencia y será dado de baja, porque se supone que la persona ya está preparada para insertarse en el mercado de trabajo formal. Con lo cual podría decirse que los diputados del PRO firmantes de la iniciativa pudieron darle un «retoque propio» al hacer suya la idea.
“Concluida la capacitación, el beneficiario automáticamente quedará inscripto en un registro que lo habilitará para ser seleccionado por las empresas dentro del REP, pudiendo así, comenzar por el termino máximo de seis meses la denominada pasantía laboral”, señala en definitiva el nuevo proyecto. Que además tiene otra pata destacable, que son los beneficios para las empresas que contraten personas que participan en este plan de capacitaciones.
El tema principal de agenda
Claro que desde «la calle», la visión es muy diferente. El universo heterogéneo de las organizaciones sociales también quiere debatir el asunto de los planes, vinculandolo de una con la falta de empleo en Argentina. Y en este caso golpean de lleno a oposición y oficialismo por igual, como es el caso, particularmente, de los movimientos que se referencian en el Frente de Izquierda y del los Trabajadores (FIT).
La realidad es que la «solución» de los planes sociales genera posicionamientos discrepantes hacia el interior de cada espacio político. A tal punto de que por mesa de entradas del Congreso de la Nación ingresaron distintos proyectos que apntan a “marcar la cancha” a todos los bloques.
Entre los más llamativos, se encontró el de la Coalición Cívica ARI (CCA) que busca modificar el Código Penal con el fin de castigar a quienes extorsionan a los beneficiarios de los planes sociales para que participen en las marchas. Buscan accionar especialmente contra quienes utilizan esa coerción desde una función pública, con un apartado significativo: “Inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones”.
Asimismo, el texto del proyecto también apunta a corregir el artículo 168 del Código Penal sobre las sanciones, con esta nueva redacción: “Reclusión o prisión de 5 a 10 años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar oponer a su disposición o a la de un tecero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos”.
Lo concreto es que más allá de las diferencias entre los proyectos, va quedando en claro que el desborde en la asignación de planes sociales se ha transformado en un problema esencial para la economía del país y para la convivencia social, por lo que no debería extrañar que vaya a ser uno de los temas centrales de las campañas para ocupar el Sillón de Rivadavia en 2023.
Vale recordar un solo dato: en 2002, a la salida de la crisis pos convertibilidad que disparó la pobreza, el número de planes sociales ascendía a 1,6 millones; en los 20 años transcurridos desde entonces, esa cantidad se multiplicó a 12,12 millones. Parece obvio que algo hay que hacer para remediar el problema…