Buenos Aires.- La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona resiste la fuerte presión interna -de figuras del kirchnerismo que hacen lobby en los tribunales- y externa -de funcionarios y referentes políticos de los dos países involucrados- y pidió este viernes que se mantenga la prohibición de salida del país de los 5 iraníes y 14 venezolanos que llegaron a la Argentina en un avión de carga con autopartes, hace casi dos meses.

La integrante del Ministerio Público pidió al juez de Lomas de Zamora Federico Villena que también ratifique la prohibición de la aeronave para partir de regreso a Venezuela. Se trata de un aparato que figura como perteneciente a la empresa Emtrasur, de origen venezolano. Pero los investigadores consideran que todavía hay dudas sobre la titularidad de esa aeronave, pese a los documentos aportados en el expediente por el abogado de los tripulantes.

Para la fiscal, todavía no están claros ni la titularidad del avión ni el objetivo del vuelo de los 19 tripulantes iraníes y venezolanos.

La defensa de los extranjeros, a cargo del abogado argentino Hernán Carluccio, había reclamado el levantamiento de las medidas cautelares y que se les permitiera regresar a sus respectivos países. El propio Gobierno de la República Islámica de Irán también había solicitado que se dejaran sin efecto las medidas restrictivas para la aeronave. Pero la fiscal Incardona consideró que aún falta mucha prueba por producir y evaluar antes de facilitar la salida de los iraníes y venezolanos del país.

Si bien no pesa sobre ninguno de ellos una acusación formal por la comisión de delito alguno, la fiscal consideró que no está demostrado que se tratara de un vuelo que transportaba carga y que, al mismo tiempo, sirviera como instrucción por parte de los iraníes hacia los venezolanos, argumento que en un principio intentaron instalar los viajeros, y también funcionarios del Gobierno argentino.

Según el dictamen de la fiscal, todavía resta el análisis de los teléfonos celulares de los extranjeros, que fueron secuestrados por orden de Villena hace más de un mes. Se trata de alrededor de 70 aparatos, entre celulares, notebooks y computadoras, los que están siendo peritados.

Incardona estimó, además, que existen riesgos procesales, pues en caso de que se permitiera la salida del país de los extranjeros y luego de la evaluación de la prueba se formalizara una acusación, ni Venezuela, ni Irán permiten la extradición de sus nacionales. En ese caso, la eventual investigación por la comisión de un delito que todavía no está precisado se vería frustrada.

El dictamen de la fiscal no es vinculante y, en definitiva, será el juez Villena quien resuelva sobre el avión y los tripulantes, lo que, al menos sobre la situación procesal de estas personas extranjeras, se estima que podría suceder durante la próxima semana, una vez concluida la feria judicial.

En cuanto al avión de Emtrasur, retenido en un hangar del aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio, la situación se analiza en otro expediente y quedaría para una segunda instancia.