Buenos Aires.- El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó este jueves nuevas medidas de prueba que había solicitado la fiscal Cecilia Incardona, a fin de determinar si el Boeing 747 de Emtrasur sigue siendo en la actualidad de la firma iraní Mahan Air, la cual está sospechada de vínculos con el terrorismo. Días atrás, la Fiscalía reclamó más medidas de prueba, 11 en total, que se sumaron a unas 46 que se habían hecho ya la semana pasada.

El juez Villena hizo lugar al pedido y ordenó varias medidas que apuntan a determinar si el avión aún retenido en Ezeiza en la actualidad sigue siendo de la iraní Mahan Air o si hay documentación fehaciente que acredite que pasó a manos del gobierno venezolano.

¿Venezolano o todavía iraní? La justicia intenta determinar la verdadera propiedad del avión retenido en Ezeiza desde el 6 de este mes.

Es que si bien se conocía que el avión se lo vendió la empresa iraní a Emtrasur en enero pasado, para los investigadores hay sospechas que sigue perteneciendo a aquella, ya que el avión era comandado por personal iraní, entre ellos Gholamreza Ghasemi, el principal sospechoso de ser parte o de haber integrado la Guardia Revolucionaria Iraní y la organización Al Quds, considerada terrorista por Estados Unidos e Israel.

En cualquier caso, los 5 iraníes y 14 venezolanos que llegaron a la Argentina en ese vuelo de Emtrasur hace dos semanas permanecerán “por ahora” con la prohibición de salida del país pero “sin ninguna otra restricción”.

Así lo revelaron fuentes judiciales que indicaron que “la investigación del terrorismo es mucho más compleja que una causa penal común”, por lo que pronosticaron que la causa que llevan adelante la fiscal Incardona y el juez Villena aún tiene un largo recorrido por delante.

Entre otras cosas, los investigadores tratan de establecer el vínculo entre la información proporcionada por el FBI norteamericano que estableció que la empresa iraní está asociada a actividades terroristas en el Líbano. Por ello, la clave para la fiscal es saber si el avión sigue siendo o no propiedad de la empresa.

El otro punto clave como queda dicho es el piloto, ya que las sospechas apuntan a que no era un vuelo de instrucción como dedujo el Gobierno argentino, sino que era el piloto que trajo la aeronave al Aeropuerto de Ezeiza con otros fines diferentes a los comerciales.

Cabe recordar que fue el flamante responsable de la agencia de inteligencia argentina Agustín Rossi quien aventuró la hipótesis del «vuelo de instrucción», basándose -aunque no lo admitió públicamente- en lo que declararon los venezolanos; o sea, sin chequear esa información con otras fuentes ni con la investigación judicial.

Además, la fiscal y el juez intentan determinar si la tripulación de 19 miembros que llegó a Argentina era la originaria o no, y si hubo cambios, cuales fueron; y también sobre si hay en los Estados Unidos alguna investigación abierta sobre el piloto sospechado de haber pertenecido a la Guardia Revolucionaria Iraní.

Esto último porque en las últimas horas trascendió que del teléfono de Gholamreza Ghasemi se extrajeron fotografías de joven cuando cumplía con el servicio militar obligatorio en Irán, pero también había fotos de tanques, armas y banderas de Israel con proclamas en contra de ese país. Entre los rumores que provienen de otras fuentes no judiciales, se hizo notar que «extrañamente» todavía no se estaba investigando a la firma autopartista Faurecia SAS, que tiene sede en territorio francés, y que fue la que contrató los repuestos en México que -según registros de porte- habrían sido los que se cargaron en este viaje del avión venezolano-iraní.

Después de las fallidas declaraciones de Rossi, del ministro Aníbal Fernández y hasta del presidente Alberto Fernández (el sábado pasado, por radio, sugirió que todo esto era «un invento» con intenciones de desacreditar al Gobierno…) las autoridades han optado por un saludable silencio sobre el tema del avión, a la espera de la evolución de las investigaciones.

Siguen sin poder salir del país

En tanto, la fiscalía y el juzgado dejaron trascender su malestar por la “filtración” del contenido del teléfono celular del piloto iraní de la aeronave, Gholamreza Ghasemi. Pese a que la causa continúa bajo secreto de sumario, numerosos medios de prensa dieron detalles de que ese teléfono secuestrado al piloto contenía una foto de su juventud como miembro de Al Quds, pertrechos militares y otras imágenes con supuestas leyendas anti israelíes.

Hasta ahora, el peritaje de los teléfonos no había sido oficialmente incorporado al expediente, aunque verbalmente ya había sido adelantado a los investigadores. El juez Villena está a la espera del reporte completo de todos los celulares, que ya fueron clonados y devueltos a sus dueños, no así los pasaportes y otra documentación.

Además, el juzgado también aguarda las respuestas de media docena de exhortos internacionales y de pedidos de informes internos que forman parte de la “acumulación de información” que deberá ser evaluada para la eventual formulación de una acusación contra los extranjeros.

Mientras todo ello ocurre, los venezolanos e iraníes permanecerán en la Argentina y el avión en el que vinieron continuará retenido en el Aeropuerto de Ezeiza.

Los extranjeros continúan alojados en un hotel de la localidad bonaerense de Canning y si bien no pesan sobre ellos restricciones sobre sus movimientos, una discreta guardia de fuerzas de seguridad monitorea el lugar.

Los investigadores reconocieron que “con lo que hay hasta ahora es prematuro formular una imputación e incluso aclararon que lo que hizo la fiscal Incardona en su dictamen del martes pasado es sólo la manifestación de la necesidad de profundizar la investigación.

Los investigadores descartaron que se trate de una “excursión de pesca” (una práctica que invalida cualquier proceso judicial) y explicaron que fundamentalmente después de los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos hay una nueva matriz de investigación y prevención del terrorismo internacional que avala todo lo actuado en el episodio del avión.