Buenos Aires.- La peor sequía en décadas que castiga los campos productivos de la Argentina va a ocasionar pérdidas de magnitud en los presupuestos de la Nación, de las provincias y municipios este año, y ni hablar del perjuicio para los productores y el comercio que se mueve alrededor de lo que genera el agro. Esas pérdidas, para los hombres del campo, serían de hasta U$S 15.000 millones, mientras que el Gobierno prefiere manejar cifras mucho menores, del orden de entre US$ 2.300 y US$ 2.900 millones, porque sólo estima la venta de las cosechas no los demás «daños colaterales» sobre la cadena productiva.
Como sea, el problema es de tal envergadura que después de años y años de enfrentar a los productores agropecuarios, tratarlos como enemigos de la Patria y abrumarlos con una carga impositiva y con trabas comerciales y financieras que buscan ahogarlos, este viernes el Gobierno no tuvo más remedio que sentarse a dialogar con ellos y a proponer medidas concretas e inmediatas para paliar lo más grave de la situación.
Efectivamente, el ministro de Economía Sergio Massa garantizó cara a cara a los dirigentes de la Mesa de Enlace que el 1 de febrero anunciará una serie de medidas para beneficiar a los productores agropecuarios afectados por la sequía. Les propuso «cinco días de trabajo en conjunto», para que el primer día del mes que viene den «respuestas, zona por zona y actividad por actividad».
«Hay algunas cosas que vamos a poder solucionar y otras que no» admitió el ministro, con lo que de manera eufemística estaba adelantando que las retenciones a la exportación no se van a tocar, que ese seguirá siendo un tema tabú aún en esta emergencia. Massa sabe que ese es el límite que no le dejará pasar la jefa de su espacio político, la vicepresidente Cristina Kirchner, para quien ceder a ese reclamo de los productores es algo que no entra en su cabeza.
No fue casual que además de hacerse acompañar por los secretarios de Agricultura Juan José Bahillo y de Producción José de Mendiguren (presencias harto justificadas por la naturaleza de la reunión), también se sentó a la cabecera de la mesa de los funcionarios el titular de la AFIP Carlos Castagneto, conspicuo kirchnerista del «ala dura», que reporta asiduamente a La Cámpora y el Instituto Patria.
Para aportar datos técnicos requeridos por el ministro, también participaron funcionarios del Banco Nación, la Aduana, el Banco Central y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Por el campo estuvieron los cuatro referentes nacionales de la mesa de Enlace: Carlos Achetoni, de la Federación Agraria Argentina (FAA); Jorge Chemes, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina (SRA); y Elbio Laucirica, de Coninagro.
Al cabo, los dirigentes del agro señalaron que la reunión “fue positiva”, porque se logró conformar una mesa de trabajo para aportar los puntos de vista con relación a las propuestas que está elaborando el Gobierno, y además se sumó el compromiso del ministro Massa del anuncio de medidas en el inicio del próximo mes.
Aunque también, quedó la sensación -más que eso, estarían convencidos- de que muchas de las decisiones que están pidiéndole al Gobierno, no se van a llevar adelante. Y en ese aspecto se podría incluir el tema de las retenciones, pero que no sería el único. Massa ya lo dejó entrever, cuando subrayó que parte de los reclamos que adelantó la Mesa de Enlace en la conferencia de prensa de las últimas horas, “son de resolución rápida y fácil de parte nuestra, y hay otros que son de más difícil solución y en todo lo caso lo que podemos hacer es trabajar en mirada paliativa de corto plazo y miradas de más largo plazo”.
Preocupaciones, urgencias y propuestas por la sequía del campo
La reunión de este viernes no logró disminuir el descontento que hay en el interior productivo con la política oficial hacia el sector, y la preocupación de los productores por el impacto de la sequía en las diferentes actividades.
En las últimas horas empezó a mencionarse de nuevo a las bases de los productores, aquel término acuñado en las históricas jornadas de protesta de 2008 contra la Resolución 125, que dio nacimiento a la movilización del interior productivo contra el Gobierno de los Kirchner con Alberto Fernández de jefe de gabinete. Esas «bases» cuestionaron la convocatoria de este viernes a reunirse en el INTA Castelar (una sede del Gobierno), cuando en principio se hablaba de hacerla en San Pedro, en el corazón de las protestas del campo.
El descontento ya tuvo expresión pública cuando un grupo de 23 entidades rurales de la provincia de Córdoba reclamó que el Gobierno debería «eliminar ya» las retenciones de la carne, la leche y las economías regionales, para aliviar a los sectores afectados por la sequía. Y además, «en un marco de crisis profunda de todos los eslabones de la ganadería, es imperiosa la liberación de una vez por todas de los cupos y trabas para exportar carne vacuna”.
Según el jefe del Palacio de Hacienda, ante la emergencia provocada por la sequía: «Necesitamos el trabajo de todos y no declaraciones altisonantes. Entendemos el impacto en la ganadería, en las economías regionales y en los cultivos tradicionales», pero apostó a serenar los ánimos. «En una semana veremos si alcanza con eso», advirtieron los productores más desconfiados.
Consciente de que no es momento de atizar el fuego, Massa reflexionó en voz alta: «También entendemos que si uno de los grandes motores de la economía argentina tiene problemas, lo que tenemos que hacer es tratar de repararlos y garantizar que ese motor siga funcionando lo mejor posible».
El punto crítico de la negociación seguirá siendo el de las retenciones. La Sociedad Rural propuso reducir en forma proporcional las retenciones en un 52% a todas las posiciones del sector agroindustrial para la campaña actual, como consecuencia de la sequía. Según la entidad que agrupa a los productores y ganaderos más concentrados, esa medida tendría el mismo costo fiscal que tuvo el dólar soja.
Los dirigentes estimaron que para este 2023 los derechos de exportación representarían unos U$S 8.500 millones, con alícuotas que van del 4,5 al 33%. Para justificar su propuesta, la SRA recurrió al dólar soja: puntualizó que con las dos ediciones de ese tipo de cambio diferenciado, el Estado tuvo un costo de US$ 4.437 millones.
«Aplicando el costo total que implicó la instrumentación del dólar soja 1 y 2 a una baja de las alícuotas de derechos de exportación, se puede usar para bajar en más del 52% las actuales alícuotas de nuestros productos exportables», puntualizó Pino, el titular de la Rural. Claro que no dijo lo obvio (no le correspondía a él decirlo): que Cristina Kirchner y sus seguidores consideran que bajar las retenciones sería una claudicación ideológica, una rendición incondicional imperdonable…
La Mesa de Enlace le dejó a los funcionarios un pormenorizado informe sobre los daños de la sequía en cada zona productiva del país, junto con un estudio económico según el cual «se podrían reducir este año más de la mitad de las retenciones con el mismo costo fiscal que tuvo el dólar soja».
Números de la sequía y reclamos del campo
La Mesa de Enlace también propuso la eliminación del anticipo de Ganancias y de las «normativas que encarecen el crédito», entre otras medidas de emergencia. Advirtieron con dureza la consecuencias de la sequía para el campo y la economía nacional, que cuantificaron en pérdidas de USD 15.000 millones para este año.
Esa fue la cifra que aportó el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica,: “Aunque mañana llovieran 100 milímetros, hay daños que ya son irreversibles y eso nos hace avizorar una pérdida de 15.000 millones de dólares para el país”, declaró.
“Vamos a tener una merma en el ingreso de divisas por la cosecha de trigo, que prácticamente se ha reducido al 50 por ciento. Esto va a afectar la economías del interior”, dijo Laucirica, quien no obstante dijo que no pierde el optimismo sobre medidas de ayuda.
Al respecto, y luego del encuentro de este viernes el dirigente que representa al sector de las cooperativas rurales dijo que fue “muy positivo, porque se pudo definir una agenda de trabajo para discutir y darnos nuestros puntos de vista a las propuestas que está elaborando el Gobierno”.
Por su parte Achetoni, el titular de Federación Agraria (los productores de campos pequeños y medianos y los arrendatarios), consideró que «es una situación climática bastante atípica, siempre hubo sequías e inundaciones, pero nunca tan grandes. En algunas zonas ya se perdió todo«. Y agregó que en la región también hay escasez de lluvias y heladas tardías que generan un contexto nacional «poco favorable», y anticipó que el próximo año será complejo en materia de ganadería y agricultura.
Otros reclamos del campo al Gobierno: agilizar las Declaraciones de Emergencia y Desastre Agropecuario Locales, Provinciales y Nacionales; prórrogas o exención según el caso de impuestos Provinciales, y venta forzosa de vientres, para el cálculo del impuesto a las Ganancias.
Al Banco Central le pidieron «derogar la resolución que aumenta el costo financiero a los productores de soja; modificar o prever que los productores en emergencia y/o Desastre, no modifiquen su condición para el acceso al crédito, por esta situación, y eliminar la circular Comunicación A-7600 para productores con acopio del 5% de stock de soja y trigo, que complica el acceso al financiamiento«.
La sequía afecta principalmente a la zona de Argentina más productiva en términos de agroindustria, esto es la región pampeana, la Mesopotamia, y la zona centro norte del país. Hasta el momento, el trigo es el cultivo más castigado por la sequía, que ha acompañado todo su ciclo productivo, y ya ha concluido su recolección.
El año anterior hubo una cosecha récord de 22 millones de toneladas. Hoy se habla de no más de 13,4 millones de toneladas para 2023. «Ahí ya tenemos una pérdida importante. Eso se estima, depende de las evaluaciones, pero serían alrededor de US$ 2.500 millones. Y obviamente que el volumen de soja y maíz no va a ser el mismo que la campaña anterior”, explicó el secretario del área Bahillo, un funcionario en el que los dirigentes de la Mesa de Enlace todavía confían.
“Ya se perdió el 25% de la soja argentina en medio de la campaña más seca en más de 60 años”, aseguró días atrás la Bolsa de Comercio de Rosario en un informe: “De los 49 millones de toneladas que se proyectaban con un escenario normal hace un mes, el clima ajustó la primera estimación de soja en 37 millones de toneladas, por lo que ya se dan por perdidas 12 millones de toneladas de la oleaginosa, y se estima que será la tercera peor cosecha argentina de los últimos 15 años”.
Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires tampoco derrochan optimismo. Aunque este año esperaban un producto bruto agroindustrial equivalente a US$ 49.094 millones, a partir de la sequía proyectan dos escenarios posibles: en el mejor de los casos, una merma del 21%, totalizando US$ 42.136 millones; un escenario peor todavía de una caída productiva de 30%,que significaría alcanzar a US$ 37.418 millones. Se podrían perder 6.958 millones en el primer escenario y 11.676 millones en el segundo.
El Estado (Nación, provincias y municipios) también se va a ver afectado con caídas significativas en la recaudación fiscal, ya que los productores agroindustriales aportarían 18% menos al fisco en el primer escenario y un 27% menos para el segundo, respecto de la campaña pasada.
Por último, la sequía tendrá un efecto directo sobre las exportaciones. Si bien la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ya contemplaba ya un retroceso de 6% en relación con las exportaciones de la campaña 21/22, la menor producción de los escenarios A o B que manejan podrían llevar esta cifra a caídas del 21% ó 33%, afectando la disponibilidad de divisas en US$ 9.226 millones y en US$ 14.115 millones, respectivamente.