Buenos Aires.- En la séptima ronda de alegatos en el juicio oral por redireccionamiento de obra pública hacia Santa Cruz, que tiene a la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández como principal acusada, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola revelaron detalles impactantes que apuntan a probar que “la asociación ilícita duró 12 años”, a lo largo de los mandatos presidenciales del matrimonio Kirchner. Particularmente Luciani se refirió a «una decisión de las máximas autoridades, los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, para direccionar fondos a favor del conglomerado empresarial de (Lázaro) Báez».

Y agregó en esa misma línea que «hubo un conjunto de decretos firmados por Cristina Kirchner que permitieron la ampliación de los créditos reales, esto es decisiones administrativas que modificaron los presupuestos”, y en tal sentido, explicó que desde el Poder Ejecutivo «se subestimaron los presupuestos y se manejaron a discreción los excedentes”.

El fiscal Diego Luciani reveló mensajes de José López y empresarios que involucran más todavía a Cristina Kirchner en la causa por el redireccionamiento de obra pública.

Un momento particularmente llamativo de la exposición del fiscal fue cuando dijo: «Todos los funcionarios aquí imputados realizaban un seguimiento celoso de las licitaciones públicas”, tras mostrar mensajes de texto entre el ex ministro José López y los empresarios a cargo de obras en Río Gallegos, en el que mencionan pedidos y consultas “de la Presidenta” o «de la Señora»

“Esto demuestra que de ningún modo eran ajenos a los procesos licitatorios, su avance y su ejecución”, analizó y señaló que los funcionarios «actuaron en connivencia con las empresas, de forma opaca”.

En esta jornada de la causa conocida como ‘Vialidad’, los fiscales que llevan adelante la acusación contra los 13 imputados por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015 apuntaron a la falta de controles por una supuesta decisión política como el factor principal para que las empresas de Lázaro Báez se quedaran con la mayoría de los contratos y pudieran incumplirlos sin que esto despertara alarmas.

Además, refutaron el argumento de defensa de los acusados sobre que una auditoría indicó que no había irregularidades en las obras investigadas, ni graves incumplimientos. También consideraron que las decisiones sobre los hechos partieron directamente desde la Presidencia de la Nación y saltearon a los jefes de Gabinete para llegar directamente al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Los fiscales consideraron que mientras durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner hubo cinco jefes de Gabinete, pero que De Vido y Nelson Periotti –este último al frente de Vialidad Nacional– se mantuvieron en sus cargos. Según el fiscal Luciani, ese dato demostraría que la maniobra dolosa no puede ser atribuida, en ningún grado de participación, a los ex jefes de Gabinete, entre ellos el actual presidente, Alberto Fernández.

La principal acusada Cristina Kirchner otra vez volvió a estar ausente en la audiencia, que se realiza mediante la plataforma virtual zoom, en el Tribunal Oral Federal 2, que el viernes rechazó todas las recusaciones con las que la defensa de la vicepresidente y de varios imputados intentaron frenar el proceso. La decisión final sobre esas presentaciones la tendrá ahora la Cámara de Casación Penal, sin que eso signifique que el proceso acusatorio siga su curso.

Luciani hizo foco en responder a los argumentos defensistas sobre que todas las obras públicas cuestionadas habían recibido aprobación por parte del Congreso al sancionar las normativas que avalaron los informes anuales de la «cuenta de inversión». Consideró que eso fue un «mero formalismo», que los informes se aprobaron cinco años después de los ejercicios y que en el Congreso no tuvieron la profundidad de análisis que ameritaban.

Por su parte, el fiscal coadyuvante Mola destacó que Roberto Lavagna, ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, había advertido en una reunión de la Cámara Argentina de la Construcción que existía «cartelización de la obra pública». Lavagna declaró como testigo en el proceso y ratificó aquel concepto, pero no lo circunscribió a Santa Cruz sino que lo expuso como una situación general.

Puntos salientes de la jornada

A lo largo de esta nueva sesión, los fiscales Luciani y Mola continuaron relatando y explicando con minuciosidad detalles de las maniobras que forman el cuerpo principal de la acusación de asociación ilícita, dirigida desde las presidencias de los esposos Kierchner para favorecer al empresario amigo Lázaro Báez. Estos son algunos dichos de la jornada de este martes:

  • «Estas cuestiones que durante doce años pasaron inadvertidas, para funcionarios y para la ciudadania, en rigor son claros actos de corrupción (…) Pero además, dados los claros negocios que mantenían los entonces Presidentes de la Nación con Lázaro Baez, un claro conflicto de intereses».
  • «(Una cantidad de negocios y) su clandestinidad, irregularidades y su extensión en el tiempo, nos muestra que ese fue el móvil con Lázaro Báez y sus empresas».
  • «Estamos hablando de la más alta jerarquía del Estado, se trató de los presidentes de la Nación. Es evidente que tenían un claro interés económico, financiero y personal».
  • «La asociación ilícita duró 12 años».
  • «Si hasta acá esto es grosero, hay muchísimo más. Las posibilidades de control de acuerdo a la información que el Poder Ejecutivo informó al Congreso fue nulo”.
  • «Queremos demostrar el limitado, precario o ineficiente funcionamiento de los organismos de control dispuestos por la ley con relación a la función que tenían que desarrollar, situación que fue organizada, aprovechada o mantenida por la propia administración en el marco del plan criminal que se desarrolló».
  • «(Esa ausencia de controles a la actividad gubernamental y administrativa posibilitó el desarrollo) de una corrupción de carácter generalizado y sistemático».
  • «El sistema de corrupción estaba planificado por las máximas autoridades del país».
Desplegaron un cartel de apoyo a Cristina Kirchner frente a los tribunales de Comodoro Py, mientras se desarrollan los alegatos en la «causa Vialidad».

Al mismo tiempo en que se desarrollaba la séptima jornada de los alegatos, un grupo de personas se acercó al acceso de los tribunales en Comodoro Py para expresar su apoyo a la vicepresidente y desplegaron una bandera con su rostro y las leyendas: «Siempre sale el sol»«Con Cristina no se jode».