Buenos Aires.- «Las licitaciones eran una ficción porque no hubo control», disparó el fiscal federal Diego Luciani al embestir contra la falta de supervisión de los organismos de control del Estado, que posibilitaron lo que volvió a calificar como un mecanismo de corrupción que se extendió entre 2003 y 2015. Fue durante el segundo día del alegato del Ministerio Público contra la ex presidente Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros 11 imputados en la causa denominada «Obra Pública – Vialidad».

«Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Cristina Fernández», afirmaron los fiscales Luciani y Mola.

Su colega, el fiscal coadyuvante Sergio Mola, corroboró: «nada de lo que pasó acá hubiera sucedido si los funcionarios que tenían que controlar hubiesen controlado»; y «si los funcionarios hubiesen funcionado», añadió, en una evidente referencia chicanera dirigida a la vicepresidente, por aquello de los «funcionarios que no funcionan». La principal acusada en la causa no se conectó este martes para escuchar los alegatos ya que pidió autorización para ausentarse por «tareas parlamentarias». Fue autorizada y estuvo representada por sus abogados, Carlos Alberto Beraldi y Ary Lernovoy.

Durante la primera jornada, el lunes, los fiscales Luciani y Mola establecieron el marco general de la acusación, adelantando que obtuvieron pruebas suficientes para demostrar la existencia de una asociación ilícita dirigida por Cristina Kirchner (y el fallecido Néstor Kirchner) con la finalidad de favorecer al empresario Lázaro Báez con el otorgamiento de obras públicas en Santa Cruz.

A partir de ahora irán desgranando aspectos puntuales de las maniobras investigadas: este martes fue el turno del capítulo de las licitaciones. En ese contexto Luciani sostuvo que los funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner y su sucesora «despedazaron el Estado de Derecho» y que «en Santa Cruz se violaron todas las normativas» en materia de prevención contra la corrupción.

En ese sentido, describió todos los tratados internacionales en materia de combate contra la corrupción a los que la Argentina se adhirió y que incluso incorporó a su Constitución. «Entre 2003 y 2015 en la Argentina se vulneraron todas esas normas», disparó.

En otros momentos, Luciani y Mola se esmeraron en refutar uno de los argumentos de las defensas, según el cual los fondos para las obras en Santa Cruz eran transferidos a la provincia y era la gobernación la que se encargaba de ejecutar los trabajos.

En la segunda jornada del alegato fiscal estuvo ausente la vicepresidente, con permiso del Tribunal.

Para Luciani, esa «triangulación» era la «forma irregular de burlar las leyes». Así, cuestionó la modalidad de la realización de obras «por convenios» instrumentada para llevar adelante las obras en la provincia patagónica.

Definiciones contundentes

La parte central de esta audiencia fue ocupada por los fiscales de manera minuciosa y con abundancia de documentos probatorios, para explicar las conductas de los imputados y los mecanismos utilizados en los expedientes de las 51 obras públicas bajo investigación. Esto dijeron durante la segunda jornada:

  • “La contratación pública, la inversión pública es uno de los ámbitos mas proclives para los actos de corrupción. La administración debía ser muy cauta y rigurosa al momento de disponer los fondos del estado porque son los fondos de todos los argentinos, no de un gobierno, solo los administra y los debe administrar bien.
  • «(En los casos de las obras de Báez) “las medidas de prevención fueron destrozadas por la propia administración pública”.
  • «Estamos en condiciones de asegurar que en ninguna de las 51 se respetaron estos principios rectores (…) de absoluta igualdad entre los licitantes y el cumplimiento estricto en las cláusulas del pliego de condiciones, que es la ley.
  • «Estas máximas transgredidas sistemáticamente son un baremo objetivo al cual ninguna administración puede apartarse si no quiere incurrir en arbitrariedades o aumentar el riesgo de corrupción.
  • «Fue muy simple vencer estar barreras porque se instauró un sistema diseñado para ello.
  • «Nada de lo que pasó acá hubiera sucedido si quienes tenían que controlar hubiesen controlado, si los funcionarios hubiesen funcionado. Esto no ocurrió de casualidad sino que fue un plan organizado»
  • «Se utilizó un instrumento legal para realizar una maniobra ilegal en 47 de las 51 obras asignadas al Grupo Báez. Más aún, de 83 obras que se hicieron en Santa Cruz, 79 se hicieron por convenio» (un porcentaje que comparó con otras provincias, en que las obras «por convenio» fueron muchas menos).
  • «La decisión política de realizar obras por convenios fue una orden emanada de los encargados de cuidar los fondos del Estado.
  •  «Una metodología establecida para eludir todo tipo de control». Y acusó al difunto ex presidente Néstor Kirchner de que cuando llegó a la presidencia de la Nación modificó la normativa que regía en Santa Cruz cuando él era gobernador y aseguró que esa fue una herramienta para garantizar lo que definió como un manejo corrupto.
  • «Las licitaciones fueron una ficción (…) Aunque parezca increíble, señores jueces, la maniobra se perpetuó durante 12 años.
  • «Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Cristina Fernández».