Buenos Aires.- En medio de la controversia en torno a la suspensión temporal de las exportaciones de aceite de soja y harina que está generando el enojo de sectores del campo y de la oposición por un eventual incremento de los derechos de exportación, el ministro de Economía y Finanzas, Martín Guzmán, explicó en el Senado que «no hay ningún compromiso asumido en el contexto del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre impuestos o retenciones».
La aclaración del funcionario tuvo lugar en el marco de la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta en la que se debate el proyecto de ley para ratificar el acuerdo con el FMI, en respuesta a una consulta del senador radical Víctor Zimmerman sobre si existe un plan del Gobierno para subir impuestos y retenciones.
Como sucedió en Diputados, también en el Senado la aprobación del acuerdo con el FMI depende del apoyo de Juntos por el Cambio ante la incógnita que deviene de la fractura de la coalición gobernante, cuyas facciones se siguen disparando misiles políticos a través de los medios.


Con relación al tema puntual del campo, Guzmán contestó que «no hay ningún compromiso en el contexto del programa asumido con el FMI sobre impuestos o retenciones», y que si bien el entendimiento implica «una serie de metas y compromisos de política económica generales», no se precisan las herramientas con las cuales el Gobierno nacional apuntará a cumplir con esos objetivos en materia fiscal.
«No hay ningún compromiso en el contexto del programa asumido con el FMI sobre impuestos o retenciones. Ahora bien, después del fructífero debate que se dio en la Cámara de Diputados, que permitió la construcción de entendimientos en el articulado en cuanto a las responsabilidades sobre qué se está votando, hay que decir que el programa contiene una serie de metas y compromisos de política económica generales, pero después es la responsabilidad del gobierno nacional el diseño y la ejecución de un número de aspectos grande que implican la capacidad de cumplir con los compromisos que se toman en el programa», explicó el ministro.
Al respecto, señaló que «es el Gobierno nacional el que define un conjunto de políticas fiscales amplias para los objetivos que se tracen». Sin embargo y para no poner en peligro el delicado equilibrio político con el que desembocó el acuerdo con el FMI, Guzmán evitó precisar si el Gobierno tiene intenciones de subir los derechos de exportación o impuestos para tener un mayor impacto en términos de recaudación y de esa manera alcanzar las metas fiscales acordadas con el Fondo.
Apuro para votar en el recinto
Precedido por el jefe de gabinete Juan Manzur quien se limitó a trazar el marco político general, al ministro de Economía le tocó inaugurar formalmente el debate en el Senado sobre el entendimiento con el FMI por la deuda, tras la media sanción que dio la semana pasada la Cámara baja al proyecto consensuado con la oposición.
Lo que ahora tuvo que «defender» Guzmán ya no fue el programa de gobierno con fuertes ajustes que pensaba aplicar según el proyecto original, dejado de lado tras el consenso forzado alcanzado en Diputados, sino que solamente debía reforzar la idea de la conveniencia de tomar un nuevo crédito con el FMI para reprogramar los vencimientos a partir de 2026.
El almanaque es estrecho: el acuerdo debe tener despacho en tiempo récord y aprobarse en el recinto antes del martes 22, y sin tocar una coma al texto que vino de Diputados, ya que en caso contrario tendrá que volver a la Cámara baja; en tal caso, el default dejará de ser una amenaza para convertirse en realidad puesto que ese día opera el primer vencimiento U$S 2800 millones que el Banco Central no podría afrontar.
“El primer objetivo es abordar el problema que se presenta en la balanza de pagos para 2022 y los dos años próximos producto del acuerdo stand by de 2018. La Argentina tiene una carga de deuda récord que acumula vencimientos de USD 19.000 millones este año y USD 20.000 millones para 2023″, pontificó el ministro para graficar la situación.
Luego, sostuvo: «No es sano que un gobierno de turno pueda actuar de una forma que sin un amplio respaldo implique la posibilidad de seguir un camino nocivo», resaltó. Sin demasiado entusiasmo y con su parsimonia habitual el ministro expresó que celebra «este proceso» y agregó: «Alentamos a la toma de decisiones en los tiempos y en las formas que le permitan a la Argentina poder construir certezas».
Más adelante se adentró en análisis e interpretaciones geopolíticas para justificar las estrecheces macroeconómicas que el Gobierno no está pudiendo resolver: señaló que el acuerdo con el FMI «se da en una situación muy especial por las tensiones geopolíticas de la guerra, que está poniendo presiones sobre los precios», cuando en realidad la inflación alta ya era un problema serio desde el comienzo de su gestión, esto es mucho antes de que Rusia invadiera Ucrania..
“La guerra entre Rusia y Ucrania está presente en la Argentina, hoy se ve en los precios de lo que se paga en todo lo que se relaciona con los commodities, como los productos que insumen trigo, los huevos, la leche, aceites, la canasta de consumo”, afirmó en ese sentido.
El ministro de Economía indicó: «Es de esperar que en una circunstancias que se están viviendo el gobierno tenga que ir actuando para poder lidiar con las distintas contingencias que se presenten».