Buenos Aires.- El Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores debe definir de cara al próximo lunes 6 de febrero cómo dará a conocer la decisión sobre los ocho acusados de matar a Fernando Báez Sosa y las opciones que está analizando son dos: leer sólo el veredicto con la llamada «parte dispositiva», o bien ampliar el margen y dar la sentencia con una breve reseña de los fundamentos de la decisión.
A una semana de ese momento, todavía la decisión no estaba tomada y, a la hora de decidirlo, los jueces Claudia Castro (quien preside el tribunal), Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, tendrán en cuenta que deberán estar en una sala diminuta y que seguramente volverá a colmarse de público, familiares de la víctima y de los imputados, como ya se vio en las últimas audiencias.
Adicionalmente, la seguridad en el lugar es una preocupación constante del Tribunal a tal punto que para la instancia de los alegatos que terminó la semana pasada ordenaron incrementar el personal de Policía y el del Servicio Penitenciario Bonaerense encargado del traslado de los imputados desde la Alcaidía de la Unidad 6 a los Tribunales, una distancia de apenas 10 cuadras. Además, se amplió el vallado de la zona bloqueando toda la cuadra que comprende el acceso principal al edificio de los tribunales de Dolores.
Por todo ello es que aún no tomaron la decisión de cómo será la lectura del veredicto y si podrían darse a conocer también los fundamentos. De no ser así, a la Fiscalía y también a los abogados tanto de la parte querellante como de la defensa, se les entregará la sentencia por secretaría del Tribunal, para que puedan apelar.
Ya se sabe que las apelaciones que puedan interponer las partes recaerán ante la Cámara de Casación Bonaerense, que no tiene plazos luego para revisar las actuaciones y expedirse sobre el fallo que hubiera dictado el Tribunal 1 de Dolores.
Mientras tanto en los últimos días, desde la Suprema Corte Bonaerense se emitió una resolución interna por la cual despejó el resto del trabajo al Tribunal 1, ya que paralelamente a sustanciar este juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, por la feria judicial de verano durante enero también tenía a cargo otras causas y detenidos.
Esta resolución de la Suprema Corte le permitió al Tribunal 1 concentrarse en el juicio y ahora en la delicada tarea de fundamentar y redactar la sentencia, en la que nada menos deberá decidir si condena o no a los ocho rugbiers implicados por el crimen de Fernando y, en ese caso, por qué delito.
La fiscalía y el particular damnificado (los padres de la víctima) reclamaron la pena de prisión perpetua por homicidio doblemente calificado por premeditación y alevosía, en tanto que la defensa planteó un delito menor, el de homicidio preterintencional o por dolo eventual.
Quién es quién en el Tribunal 1 de Dolores
- María Claudia Castro, de 54 años, es quien preside el Tribunal Oral Criminal 1 (TOC 1). En 1999 fue parte del juicio por el asesinato de José Luis Cabezas, aunque aquella vez actuó como fiscal de instrucción. Y más recientemente, le tocó presidir desde el TOC 1 fue el debate del juicio por jurados contra dos jóvenes que fueron condenados a perpetua por matar a Javier Ayuso, en 2017.
Años antes había trabajado en el juzgado de José Luis Macchi, que instruyó la causa por el secuestro y homicidio del reportero gráfico de la revista Noticias, y para el debate oral de ese caso fue designada como parte de la fiscalía junto a otros dos colegas que lograron la condena a perpetua para todos los autores del hecho.
Cursó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata y egresó en 1992. Trabajó en la Asesoría Letrada de la Policía de la Provincia y después recaló en el juzgado de Macchi. Llegó en 2014 al TOC 1, que fue sorteado para juzgar el caso Báez Sosa en mayo de 2021.
- Christian Ariel Rabaia, por su parte, tiene 47 años e integra el cuerpo desde 2019. Egresó de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2001 y en los primeros años de carrera se dedicó a la actividad privada, con un estudio propio en el municipio de Quilmes. Desde 2005 empezó su recorrido en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
Previo a su arribo en este tribunal, trabajó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI)1 de Dolores junto a la fiscal Gabriela García Cuerva.
- Emiliano Javier Lázzari, el tercer integrante a cargo del caso Fernando, tiene 42 años, es el más joven de los tres. Llegó al Tribunal un año antes que Rabaia, en 2018, por decisión de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, ya que forma parte del Cuerpo de Magistrados del Máximo Tribunal provincial, que se utiliza para cubrir vacantes libres por ausencia de los jueces titulares en cualquiera de las instancias judiciales.
Lázzari también se desempeña como juez Correccional de Dolores y compone la Red de Jueces Penales bonaerenses, que fue creada hace más de 22 años y se define como “una entidad que agrupa a magistrados y exmagistrados del fuero penal bonaerense comprometidos en la consecución de sus principios fundamentales: la defensa de la independencia del Poder Judicial, así como la protección y promoción de los derechos humanos en el sistema penal”.
Entre 2020 y 2022 fue uno de los miembros de la comisión revisora de cuentas de esa organización, que también tiene en sus filas a Castro, quien actualmente integra la Comisión Directiva, ocupando hasta 2024 el rol de protesorera.