Buenos Aires.- El fiscal federal Diego Luciani involucró al actual diputado nacional por el Frente de Todos Máximo Kirchner en la acusación por presunta corrupción en la obra pública otorgada a Santa Cruz entre 2003 y 2015, en una de las revelaciones más impactantes de la tercera audiencia de los alegatos en la causa de la obra pública (o de Vialidad), que tiene a la vicepresidente Cristina Kirchner como principal acusada.

Luciani reconoció que en aquel entonces el hijo de Cristina Kirchner, «no tenía ningún cargo público». Pero mostró mensajes de Whatsapp extraídos del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José López -otro de los 13 imputados- que consignaban un interés de Máximo Kirchner en una obra de construcción de 100 calles.

Diputado nacional Máximo Kirchner y ex secretario de Obras, José López.

Los diálogos eran entre López y el ex diputado santacruceño Marías Bezi, amigo personal del diputado Kirchner, y también con el entonces funcionario del Ministerio de Planificación Abel Fatala, otro de los imputados en la causa.

En uno de esos diálogos, López le hacía saber a Bezi sobre el avance de distintas obras en Santa Cruz, y Fatala afirmó que Máximo Kirchner «recorría las obras y pedía información sobre ellas». Si bien no aparecen en la documentación exhibida intervenciones del hijo de CFK, para el fiscal «es más que claro que tenía conocimiento de lo que pasaba en Santa Cruz».

«Máximo Kirchner recorría las obras junto con una persona de su estrecha confianza, Matías Bezi. Cuando los imputados esgrimen que no sabían lo que pasaba en Santa Cruz no es cierto, ellos manejaban todas las licitaciones», embistió el fiscal. Para los observadores de la cosa judicial, una afirmación de ese tipo podría anticipar que Luciani pedirá que se investigue al diputado Kirchner por una supuesta «coordinación» con el resto de los imputados.

«La orden de realizar esta licitación y el apuro por las cien cuadras emanaban de los más altos cargos del Poder Ejecutivo y en esta obra aparecen como intermediarios el hijo de la Presidenta y José López», aseveró el fiscal.

La licitación en cuestión, según figura en el expediente de la investigación judicial, fue por «25 millones de dólares para hacer cien cuadras» y la obra fue adjudicada a la empresa Kank y Costilla, que estaba bajo control de Lázaro Báez, según consignó el fiscal.

Como dato aleatorio, cabe recordar que José López había vinculado a Máximo Kirchner en el tema de la corrupción, también en el ámbito judicial: fue en 2018, durante la extensa exposición que hizo ante el fiscal Carlos Stronelli, en el marco de la causa de los cuadernos K. Trascendió que entonces el ex funcionario involucró al hijo de CFK como parte de un engranaje que se encargaba de recaudar fondos ilegales durante el kirchnerismo.

Detallado análisis de las licitaciones

Luciani abrió la tercera jornada del alegato en la causa por la obra pública adjudicada a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 analizando una por una las circunstancias en que fueron adjudicados cada uno de los contratos.

Detalló qué empresas ofertaron para cada llamado a licitación para concluir que firmas del Grupo Austral, propiedad del imputado Lázaro Báez competían entre sí y contaban con la colaboración de otras que no le pertenecían para «simular la legalidad de la licitación».

Fiscal federal Diego Luciani, a cargo de la acusación en la causa de Vialidad.

Si bien habló de «direccionamiento» de las licitaciones para favorecer a Báez, no explicó hasta ahora qué empresas habrían resultado perjudicadas por esos supuestos manejos ilegales. La línea acusatoria que siguen Luciani y Sergio Mola, el fiscal coadyuvante, es la de mostrar como «ficción» a cada proceso de licitación, haciendo hincapié en los tiempos cortos en los que fueron adjudicadas las obras a las mismas empresas y en la falta de controles sobre el cumplimiento de la ejecución.

En ese sentido, Luciani insistió este viernes en que ninguna de las obras asignadas al Grupo Austral cumplió con los plazos fijados originalmente. «Uno puede entender que una obra pública tenga demoras o prórrogas por determinadas cuestiones, pero si ninguna de las obras cumple con los plazos eso demuestra la incapacidad de Austral Construcciones para desarrollar esas tareas», enfatizó.

También anunció que volverá sobre la «incapacidad» de las empresas del Grupo Báez en la próxima audiencia, que será la cuarta de las nueve previstas para la acusación. También aludió a los montos de «anticipos financieros» que fueron recibiendo las empresas de Báez en distintos tramos de la ejecución de las obras que le fueron adjudicadas.

«No podemos creer cómo pasaron inadvertidos semejantes actos de corrupción», insistió Luciani.