Mar del Plata.- Como suele decirse, una de cal y una de arena para el mundo de la pesca y el puerto. En las últimas horas del primer mes del año, el Gobierno nacional les comunicó oficialmente a las cámaras empresarias del sector que están aprobadas todas las operaciones de importación de repuestos e insumos para el sector de la industria naval y pesquera, descomprimiendo así una situación que había llegado a límites riesgosos para el sostenimiento de la actividad.
Pero como contrapartida y a pesar de que los funcionarios del Ministerio de Economía aseguran lo contrario, persiste entre empresarios, armadores de buques y gremios la preocupación por la falta de decisión firme del Estado para ponerle freno a la pesca ilegal que sigue depredando el recurso pesquero en las aguas de la Zona Económica Exclusiva, donde sólo debería operar la flota argentina.
Todo sucedió durante más de dos horas en la misma reunión, el viernes 27, encabezada por el subsecretario de Pesca nacional Carlos Liberman y su segundo el director de Pesca Julián Suárez, con representantes de la mayoría de las cámaras industriales involucradas (salvo CAPeCA, que agrupa a grandes armadores y congeladores como Solimeno, Moscuzza, San Arawa, Bahía Grande, entre otros).
La primera parte fue para satisfacción: Liberman y Suárez transmitieron la resolución conjunta de la Dirección General de Aduanas y de la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial de la cartera ministerial que conduce Sergio Massa, avisando que se habían liberado y aprobado más de 600 importaciones observadas y demoradas por meses.
Traducido: que en Economía habían resuelto remover esos trámites engorrosos identificados con la sigla SIRA, un engendro burocrático inventado por el Gobierno como un cepo para controlar la salida de divisas al exterior; pero que en la práctica operaba como un freno a las actividad pesquera y la industria naval en general, que necesitan sí o sí importar repuestos e insumos críticos que no se fabrican en el país.
Los funcionarios no se privaron de resaltar que estaban encolumnados en el objetivo común de la «búsqueda de la eficiencia, competitividad y desarrollo con el único fin de generar mano de obra, trabajo genuino y fundamentalmente divisas para una Nación que las merece y necesita». Pero aún dentro de lo satisfactorio del anuncio, hubo espacio para intriducir algún reparo de parte de los empresarios, con respecto a los pasos siguientes.
Por caso, Daniel Coluccio, de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa), advirtió: “Destrabar las SIRA es solo un primer paso. Después hay que conseguir que los proveedores acepten pagos a 90 días”, apuntando a otra de las vallas del cepo que faltan que remover. Cabe tener presente que la zafra del langostino, principal recurso de exportación de la pesca argentina, comienza en la segunda quincena de abril.
Y no falta tanto, si se mira con detenimiento la letra chica: «No se trata tanto de desconfianza en las empresas locales, sino en que el Banco Central efectivamente autorice el giro de dólares. Y si eso funciona, cuando llega la mercadería esperar 15 días en depósitos de Aduana la ‘nacionalización’. Y si son repuestos, transportarlos, instalarlos con autorización previa e inspección posterior de Prefectura, proceso que para trabajos grandes (máquinas, sistemas eléctricos y de seguridad) puede llevar otros 20 a 30 días…», explicó Coluccio.
La pesca china, motivo de preocupación
La segunda parte de la reunión fue bastante más tensa. Sin rispideces pero tampoco dio para celebrar, aseguraron algunos de los presentes. Fue cuando se abordó la preocupación por la inacción del Gobierno frente a la operatoria ilegal de barcos extranjeros -de bandera china, básicamente- en aguas territoriales argentinas; particularmente, los coqueteos con la República Popular China para abrir una base portuaria en Tierra del Fuego para abastecer a su flota durante los meses de zafra pesquera.
Si bien Liberman y Suárez aseguraron que no habrá apoyo logístico argentino a la flota extranjera, el sector pesquero no dejó de puntualizar que el martes 24 -esa misma semana- en la VII Cumbre de la Celac, el presidente chino Xi Jinping participó por zoom para observar lo que se hablaba en materia comercial; y en un mensaje grabado aprovechó para dejar en claro a los mandatarios presentes que Beijing considera a la Celac como un socio para consolidar la cooperación Sur-Sur«.
Fue directo al punto: «Bajo el liderazgo de Argentina y otros países, la Celac ha persistido en practicar el multilateralismo y jugado un papel importante en la defensa de la paz regional, el fomento del desarrollo compartido y la promoción de la integración regional», dijo ese día el líder chino.
Hubo miradas cómplices entre varios de los jefes de Estado asistentes, pero también se escuchó una voz de alaerta, la del flamante presidente brasileño Lula DaSilva, quien recomendó ir con cuidado en esta relación pues podría desencadenar «el fin del Mercosur».
Con ese antecedente en la mira, «nos oponemos a la idea de un corredor de servicios para la flota que opera fuera de la Milla 200 por la sencilla razón de que es competencia desleal”, disparó Darío Sócrate, director ejecutivo de la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA), en la reunión con los funcionarios de Pesca del viernes 27.
Coincidieron las cámaras y gremios vinculados a la pesca en que debe ser firme el rechazo del Gobierno a la presencia de cientos de pesqueros extranjeros, mayormente chinos, pescando en la llamada “Milla 201″, es decir, en el borde de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
No solamente las dudas sobre el compromiso del Gobierno se agotan en aquel video de Xi JInping en la Celac, sino que están abonadas en el comportamiento ambiguo de otros sectores del oficialismo en este tema. Por caso, el gobernador de Tierra del Fuego, que alentó la idea de acuerdos con Beijing para que las embarcaciones que operan fuera de los límites de la ZEE tengan lugar en algún muelle argentino para recibir apoyo logístico, astilleros, lugar de reparaciones y hasta descarga y consolidación de sus capturas.
El subsecretario de Pesca fue contundente: “No hay posibilidad que desde este organismo, mientras esté en mis funciones, prospere un acontecimiento de esta naturaleza ”. Liberman justificó su postura en un razonamiento obvio, como es que el Estado no podría apoyar a quienes “compiten con nuestro recurso migratorio, compiten con los mismos mercados, compiten con las mismas especies y compiten en los mismos paises que nosotros vendemos, y tienen reglas de juego muy distintas«. Pero los asistentes a la reunión igual seguían preocupados.
«La competencia es desleal, vayan trabajen tranquilos, apuesten al trabajo y la inversión porque desde esta función tienen garantizado que no habrá posibilidad de asentamientos logísticos de apoyo para esa flota en todo el territorio continental argentino”, insistió el subsecretario.
Pero la preocupación siguió presente: «Ponele que a él le creemos, pero y ¿más arriba suyo piensan igual…?», sintetizó uno de los veteranos de reuniones de este tipo que a lo largo de los años ha visto pasar tantos funcionarios de Pesca como barcos extranjeros operando ilegalmente en aguas argentinas.