Para entender la raíz de los enojos de Cristina Kirchner y avizorar el momento en que saldrá públicamente a expresarlos disparando a mansalva contra cualquier blanco a su alrededor, pero siempre y en particular contra la Justicia, no hay más que sentarse a esperar unas pocas horas a que alguna de las causas por corrupción que tanto la mortifican se mueva un pasito más hacia el final temido.

Este martes, por unanimidad la Corte Suprema desestimó una serie de planteos de la vicepresidente y otros imputados en la causa por la adjudicación de obra púbica a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, con lo que virtualmente avaló la continuidad del juicio oral y público que está próximo a su finalización, durante el segundo semestre de este año.

Cristina Kirchner y su abogado principal, Carlos Beraldi, en 2019 cuando empezó este juicio oral.

La decisión fue adoptada por el voto unánime de los cuatro jueces del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, ante los pedidos de la defensa de la ex presidente para anular todo el trámite procesal. Así, el juicio -el primero en el que es juzgada la ex presidente- deberá seguir su curso con un cronograma de audiencias ya definido por el Tribunal Oral Federal 2: esta etapa final se iniciará el próximo 11 de julio con los alegatos, que es la instancia en la que la parte fiscal acusa y pide condenas, los imputados se defienden, y los jueces sentencian penas y dictan absoluciones.

Trascendió al mismo tiempo que el fiscal de la causa Diego Luciani hará una dura acusación y pedido de condenas cuando le toque intervenir, antes del receso de invierno, ante el tribunal conformado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

Uno de los párrafos salientes del fallo de la Corte es concluyente respecto de la intención de frenar el final del juicio: “El hecho de que se trate de un juicio que involucre a una alta funcionaria pública nacional no cambia esa conclusión. No es posible pensar que cualquier decisión adversa que se adopte en procesos donde estén implicados funcionarios de tal naturaleza exija, por esa sola circunstancia, la intervención de esta Corte”, señalaron los magistrados.

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Lázaro Báez recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para la provincia de Santa Cruz. Se investigó el pago de sobreprecios, compañías que no estaban capacitadas para hacer los trabajos y el pago total cuando no estaban terminadas, entre otras presuntas irregularidades.

Junto con Cristina Kirchner y Báez están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex funcionario de Planificación Carlos Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner-, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y ex funcionarios nacionales y de Santa Cruz del área de vialidad. Además de los planteos de la actual vicepresidente, la Corte Suprema también rechazó pedidos similares de Kirchner, De Vido y Báez.

La vicepresidente, en el acto del 20 de junio, con ropa muy parecida a la de marzo de 2019 cuando concurrió a Tribunales para el juicio oral por la causa de Vialidad.

En concreto, la Corte resolvió tres planteos que la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi, hizo contra el juicio. El primero porque el Tribunal Oral no aceptó toda la prueba que propuso la defensa, el segundo por la intervención en el caso de la Sala IV de Casación Federal, y el tercero porque entendía que el caso ya había sido investigado y cerrado por la justicia de Santa Cruz.

Sobre la primera apelación, el máximo tribunal señaló que el rechazo de prueba no ponía fin a la causa y que los jueces del Tribunal Oral también objetaron medidas que pidieron otras partes del juicio. “Nada autoriza a descartar la posibilidad de que la apelante resulte absuelta o que, incluso, y a juicio de la propia interesada, el pronunciamiento satisfaga los requisitos de legalidad y de justicia. Por ello, los agravios en cuestión se tornan hipotéticos y conjeturales, y su tratamiento, por prematuro, improcedente”, dijeron Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.

En distintas resoluciones, el máximo tribunal rechazó planteos contra el supuesto «doble juzgamiento», ya que 49 de las 51 obras que están bajo análisis del tribunal oral ya habían sido desestimadas por la Justicia Federal de Santa Cruz. El máximo tribunal descartó la violación al principio «ne bis in ídem» (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito) por «deficiencias de fundamentación».

En rigor, el fallo de la Corte es un aval al tribunal oral que juzga a la vicepresidente porque en las causas que tramitaron ante la Justicia de Santa Cruz hubo «falta de delimitación precisa del objeto de investigación, la casi nula actividad probatoria desplegada y la falta de impulso fiscal».

«La Corte siempre exigió el requisito de identidad de personas para que opere la excepción de la cosa juzgada», de modo tal que en lo sucesivo podría bastar para reabrir una causa incluir en el supuesto delito a otro funcionario público para torcer el principio de «identidad de objeto».

El máximo tribunal descartó también un planteo para que se auditaran todas las obras públicas adjudicadas durante el gobierno 2003 – 2015 en todo el país y no sólo las de la provincia de Santa Cruz, lo que hubiera significado posponer por tiempo indeterminado la continuidad del juicio. «La decisión de no proveer cierta prueba no ponía fin a la causa ni impedía su prosecución hasta el fallo final, que podría ser favorable a la imputada y por ello disipar el agravio, sin contar con que solo en esa instancia podía demostrarse acabadamente por qué las pruebas omitidas podrían haber sido relevantes», respondió la Corte en ese punto.

Por unanimidad, los jueces determinaron que «no se configuraba un supuesto de gravedad institucional porque no lograba advertirse cómo la negativa a producir algunas de las pruebas solicitadas por la defensa podría llegar a conmover la buena marcha de las instituciones». «Resoluciones como la cuestionada no pueden motivar la intervención de esta Corte pues ello implicaría conceder al Tribunal una misión que no le cabe en el régimen republicano», subrayaron.

Finalmente, tampoco hizo lugar a un planteo sobre la intervención de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos como integrantes de la Cámara de Casación en la revisión del expediente. Las objeciones sobre ambos son previas a que se conocieran sus visitas al ex presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y en la Casa de Gobierno, y estaban relacionadas con una cuestión de «competencia» entre dos salas de la Cámara Federal de Casación Penal.

Para la Corte, en ese punto del planteo de la defensa, «no se verifica una violación a la garantía de juez natural, supuesto en que la intervención del Tribunal sí sería necesaria». Los jueces consideraron que la defensa de la vicepresidenta no logró demostrar cómo la intervención de la Sala que integran Hornos y Borinski «sería un intento de constituir una verdadera comisión especial» destinada a perjudicarla.

También, la causa Cuadernos

En la misma jornada se supo que dio un paso más hacia el juicio oral la causa de corrupción conocida como de los «Cuadernos de Centeno», que también tiene a Cristina Kirchner como principal acusada, junto con decenas de ex funcionarios e importantes empresarios -varios de ellos «arrepentidos». 

Concretamente, el Tribunal Federal Oral 7 resolvió comunicar a las partes que en los próximos diez días tienen que presentar las pruebas que van a usar en el debate. El aviso es para la fiscal Fabiana León y a las defensas de los acusados.

El chofer «arrepentido» Oscar Centeno y copia de una página de sus cuadernos.

«Cítese a las partes que en el término de diez días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, ofrezcan pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes de todos los imputados», redactó el juez Enrique Mendez Signori, a cargo del TOF que llevará adelante el proceso, en una resolución publicada por el portal Infobae.

El mismo medio también detalló que el Tribunal distribuyó a las partes copias de la digitalización de los cuadernos que llegaron a sus manos. Entre esos anotadores están los que aportó el periodista de La Nación Diego Cabot en octubre de 2019, y que luego fueron la base de la investigación que llevó adelante el fiscal Carlos Stornelli, asistido por Carlos Rívolo, en el juzgado del ya fallecido juez Claudio Bonadío.

Los cuadernos fueron escritos de puño y letra por Oscar Centeno, quien era chofer en el Ministerio de Planificación Federal, y que declaró como «arrepentido» (técnicamente, «imputado-colaborador«) en el inicio del proceso descerrajando una catarata de confesiones que derivaron en imputaciones y procesamientos de la entonces presidente de la Nación, varios de sus funcionarios y decenas de empresarios, acusados de pagar y de recibir coimas.

Podría ser que estas novedades judiciales del martes 21 sirvan para explicar por qué sonaba tan enojada Cristina Kirchner un día antes, durante el acto del 20 de junio en Avellaneda, cuando volvió a cargar contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia.