El Juzgado Federal 4 de Mar del Plata a cargo de Alfredo López será el encargado de definir si se suspende o no la aplicación de la ordenanza sancionada el viernes 24 de junio sobre la denominada Zona Roja, que busca establecer parámetros y regular la oferta y demanda de sexo en la vía pública en General Pueyrredon.

La asignación al juzgado 4 fue determinada por sorteo, para abocarse al tratamiento de un recurso de amparo presentado esta semana el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas -dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros- con la firma de Gustavo Vera, el director ejecutivo de esa dependencia gubernamental.

En varios barrios marplatenses se sucedieron manifestaciones contra la instalación de una Zona Roja.

En el amparo, de carácter colectivo, se calificó como «inconstitucional» la ordenanza del Deliberativo de General Pueyrredon y se reclama que «hasta tanto se decida la cuestión de fondo se ordene una medida de no innovar, a los efectos de establecer la suspensión de los efectos de la ordenanza promulgada y su reglamentación».

El proyecto de ordenanza fue aprobado en el recinto del Concejo Dedliberante con el voto de los 11 miembros del interbloque oficialista de Juntos más el del concejal Nicolás Lauría, del bloque Crear, que dejaron en minoría la posición contraria liderada por el Frente de Todos.

Según el Comité que dirige Vera -conocido como activista al frente de la fundación La Alameda y por su amistad con el papa Francisco- la ordenanza de la Zona Roja dejará abierta la aplicación «de multas y la privación de la libertad de personas que son víctimas de explotación sexual».

El amparo colectivo

«Es harto conocido que las mujeres que ejercen la prostitución rara vez lo hacen por cuenta propia y siempre es a partir de la vulnerabilidad que deciden llevarla a cabo», por lo que «son víctimas de explotación sexual, y ante la falta de mejores oportunidades suelen ser revictimizadas incluso con ordenanzas como la que discute», señala el texto del pedido de amparo firmado por Vera y sobre el que deberá decidir el juzgado encabezado por el juez López.

El activista y actual funcionario nacional Gustavo Vera, impulsor de la cautelar contra la ordenanza.

En otro de los párrafos, se lee: «La cuestionada ordenanza es contraria a la normativa vigente, particularmente las leyes 12331, 26364, y su modificatoria, la Ley 26842, y los artículos 125 bis a 127 del Código Penal, afectando derechos humanos fundamentales, amparados por convenciones internacionales suscriptas por el Estado Argentino y ratificadas por el Congreso Nacional, muchas de las cuales han sido incorporadas en el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional».

El director operativo del Comité solicitó que «hasta tanto se decida la cuestión de fondo se ordene una medida de no innovar, a los efectos de establecer la suspensión de los efectos de la ordenanza promulgada y su reglamentación».

En todo momento el escrito del Comité pone el acento en la defensa de las personas que ejercen la prostitución en la vía pública. Por caso, cuando destaca que la norma cuestionada promueve desde el Estado una actividad que «afecta la dignidad de las personas, promueve el crimen organizado, y pone en peligro sus vidas», sin que el municipio brinde garantías de que eso no va a suceder.

Insiste además que «resulta aún más grave que quienes lleven esta actividad de oferta sexual fuera de la zona fijada puedan ser privadas de su libertad, revictimizando y estigmatizando a las más vulnerables, con un final incierto».

Por último y tras argumentar que ya hay «26 municipios de 9 provincias» que sancionaron normas para integrar laboralmente a personas víctimas de explotación sexual, el pedido de amparo concluye: «El consejo deliberante de Mar del Plata contra la corriente, las leyes y las convenciones internacionales promueve, fomenta y organiza la prostitución e incluso pretende encarcelar y multar a las personas prostituidas en situación de extrema vulnerabilidad».